GLOSARIO DEL CONSUMIDOR

TÉRMINOS Y DEFINICIONES UTILIZADOS EN LA RELACIÓN DE CONSUMO

Acciones colectivas

Acción que inician las asociaciones de consumidores, el defensor del pueblo, el fiscal o la autoridad de aplicación de la Ley 24.240 con el fin de representar a todo el universo de usuarios afectados por un mismo tipo de hecho o conducta de un proveedor o el estado o por un acto emitido por este.
De acuerdo a lo estipulado por el artículo 43 de la Constitución Nacional se podrá interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general. Están legitimados el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones de defensa del consumidor registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.
La Ley de defensa del consumidor confiere además legitimación a la autoridad de aplicación de esta norma.

Apelación

Es el recurso que se interpone a fin de que una resolución sea revocada, total o parcialmente por un tribunal o autoridad superior al que la dictó.

Apoderado

Aquel que ha recibido un poder de una persona o entidad para que la represente o actúe en su nombre con el fin de cumplir un encargo o mandato. Puede ser general (para varios actos de diferente naturaleza) o particular (para un acto en particular o para un juicio en particular).

Asociaciones de consumidores

Son agrupaciones cuyos fines pueden ser los de educar, formar, representar e informar a los consumidores, además de brindarles protección.
De acuerdo a la Ley 24.240 las Asociaciones deben estar inscriptas en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores.
Las características esenciales de las asociaciones de consumidores son las siguientes:
1. Estar completamente desinteresados en la promoción de causas comerciales o políticas;
2. No tener fines de lucro;
3. No aceptar anuncios de carácter comercial en sus publicaciones. No permitir una explotación comercial selectiva en la información y consejo que ofrezcan al consumidor.

Autoridad de aplicación

Es el organismo público que tiene el poder de policía sobre una actividad, este poder se traduce en la facultad de contralor y el poder de sancionar los incumplimientos.

Bystander

Es el consumidor potencial o en espera. Todo sujeto que se encuentre de modo potencial frente a una relación de consumo, sea por recibir información, por ser destinatario de una oferta o publicidad o por usufructuar un bien no adquirido por él, o por circular en las instalaciones del proveedor o sus aledaños.

Carga de la prueba

En la Ley de Defensa del Consumidor la carga de la prueba se basa en la aplicación de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas según la cual, cuando una de las partes está en mejores condiciones fácticas para producir cierta prueba vinculada a los hechos controvertidos de la causa, ésta debe soportar el “onus probandi”(expresión latina: principio que señala quien está obligado a probar un determinado hecho ante la justicia)  Así, cuando por la índole de la controversia o de las constancias documentales de la causa surge evidente que uno de los litigantes se encuentra en una posición dominante o privilegiada en relación con el material probatorio -ya sea porque se encuentra en posesión del instrumento probatorio o por el rol que desempeñó en el hecho litigioso-, su deber procesal de colaboración se acentúa, al punto de atribuírsele una carga probatoria más rigurosa que a su contraparte.

Carta Poder

Es el documento que permite a una persona física actuar en nombre de otra. Para que tenga validez, el otorgante debe autenticar su firma ante la autoridad administrativa o judicial ante la cual deba presentarse.

Cláusulas abusivas

Aquellas que afecten inequitativamente al consumidor, desnaturalizando el objeto del contrato o implicando renuncia o restricción de los derechos del consumidor. Cuando este se encuentre con dichas cláusulas, puede recurrir a la justicia para solicitar su nulidad. La autoridad de aplicación tiene la atribución de vigilar que los contratos por adhesión no contengan cláusulas abusivas.

Contrato de Adhesión

Son llamados contratos por adhesión los que se hallan redactados previamente por el proveedor, de modo tal, que se formalizan con solo la firma y los datos personales del consumidor. En estos contratos, el consumidor pasa a ser un adherente al que no se le permite discutir las cláusulas del contrato.

Cosas muebles no consumibles

Son las que no se extinguen en el primer uso que se haga de ellas.

Daños materiales

Son los perjuicios de naturaleza financiera o económica causados por la adquisición de un producto con defecto o por la mala prestación de un servicio. Conforme la Ley de Defensa del Consumidor, todos los daños materiales sufridos por un consumidor, deben ser indemnizados por el proveedor.

Daños morales

Son aquellos que lesionan la moral, la honra, la imagen o el nombre de la persona. También estos daños deben ser indemnizados.

Efecto Devolutivo

Cuando un recurso presentado es declarado procedente y admisible con efecto devolutivo, no se suspenderán ni interrumpirán los efectos de la decisión administrativa o judicial hasta el momento en que se resuelve la apelación que eventualmente sea interpuesta.

Equidad

Rectitud y sentido de la justicia natural en contraposición a la ley positiva.

Estatuto

Un estatuto, en sentido jurídico, es una regulación específica limitada en forma concreta y particularizada a un conjunto de personas que por su situación o la actividad que desarrollan son reconocidas como sujeto especial de protección.

Garantía contractual

Es aquella ofrecida por el fabricante o por el prestador del servicio, definida en los términos de garantía. Debe ser establecida por escrito. La garantía contractual está limitada a los términos del certificado de garantía.

Garantía legal

Es la garantía establecida por ley para los bienes muebles de uso durable.
En el caso de los bienes nuevos posee una extensión de 6 meses y en los bienes usados de 3 meses. La garantía legal es amplia y cubre cualquier problema que presente el producto.

Homologación

La homologación de un acuerdo conciliatorio consiste en el acto de confirmación efectuado por un funcionario especialmente facultado al efecto. En efecto, las partes en conflicto pueden durante la instancia conciliatoria llegar a un acuerdo que ponga fin a la controversia, en este caso, el organismo administrativo procederá a confirmar lo acordado por las partes y lo pactado por ellas será de cumplimiento obligatorio.

Impugnación

Objeción, refutación, contradicción que hace una de las partes respecto del contenido de determinado acto o escrito.

Imputación

En materia de protección de los derechos del consumidor, la imputación consiste en el acto procesal por el cual la autoridad de aplicación atribuye a una persona física o jurídica determinada, el haber incurrido en infracción sancionable respecto de lo establecido por una norma específica. Desde que una persona es objeto de imputación tiene derecho a todas las garantías de la defensa en juicio.

Instrucción de oficio

Toda actuación que la autoridad administrativa realiza y que no es impulsada por denuncia de parte.

Instrumento contractual

Si bien el contrato existe aún cuando no se plasme en un documento escrito, el instrumento en el cual consta el acuerdo de voluntades tiene suma importancia a los efectos probatorios.

Intereses Difusos

Se trata de intereses propios, jurídicamente reconocido a un grupo social o colectividad determinada de sujetos, desprovisto de una organización que los tome para sí enteramente y tenga capacidad, para su defensa, cuya tutela jurisdiccional responde a eventuales iniciativas meramente personales.

Inversión de la Carga de la Prueba

Por aplicación de un principio del derecho procesal quien inicia una acción debe probar los hechos en que basa la misma. En materia de defensa del consumidor, algunas normas preceptúan específicamente la inversión de la carga probatoria, quedando a cargo del proveedor demostrar que los hechos no sucedieron en la forma denunciada.

Ius Punendi

La potestad punitiva o “ius puniendi” es aquella facultad que corresponde a un determinado sujeto de imponer penas o medidas de seguridad ante la comisión de delitos. En este caso se refiere a la facultad sancionadora del Estado. “ius”= “derecho”, “puniendi”= “castigar”.

Normas de orden público

Conjunto de preceptos fundamentales del ordenamiento jurídico que por afectar centralmente a la organización social, no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos.

Oferta

Se entiende como oferta todos los instrumentos y técnicas que intentan aproximar a los consumidores a los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

Prima Facie

Prima Facie: Significa literalmente a primera vista. Aplicada dicha expresión a la prueba, implica un hecho que se presume correcto mientras no se presente prueba en contrario. Aplicada a un caso, implica que el demandante tiene todas las posibilidades de prevalecer a no ser que la otra parte contradiga su prueba.

Responsabilidad Objetiva establecida por la Ley N° 24.240

En el texto de la Ley se ha consagrado un sistema de responsabilidad objetiva por el cual el factor de atribución consiste en el vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio. En consecuencia, la víctima sólo deberá acreditar el daño ocasionado y la relación de causalidad entre éste y la cosa o el servicio consumido, prescindiendo de la prueba de la culpa del legitimado pasivo.

Responsabilidad Solidaria

Cuando cualquiera de los responsables puede ser obligado a responder por la totalidad. Este es el caso previsto en el artículo 40 de la Ley 24.240 por el cual el consumidor puede reclamar a cualquiera de los sujetos que intervienen en la cadena de comercialización del producto.

Título oneroso

Causa jurídica de adquisición de bienes o derechos a cambio de una equivalencia económica o gravamen.

Usuario

Si bien está equiparado el concepto de usuario y consumidor, se le denomina usuario al que utiliza un servicio tanto público como privado.

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